La política y empresaria Claudia Sheinbaum Cuevas denunció en un impactante video difundido en sus redes sociales que ha sido víctima de una vigilancia constante durante las últimas tres semanas. Según su testimonio, tanto su domicilio particular como su galería de arte han sido objeto de un seguimiento que, asegura, va más allá de lo protocolario y roza lo intimidatorio. En su mensaje, Cuevas no dudó en señalar con nombre y apellido a dos figuras clave de la escena política local: el diputado Ricardo Monreal y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quienes acusó de estar detrás de una campaña orquestada para manchar su reputación.
La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que el objetivo de esta supuesta estrategia es vincularla falsamente con grupos de la delincuencia organizada, un término que ha cobrado fuerza en los últimos años bajo el concepto de “narcopolítica”. Cuevas fue contundente al negar cualquier relación con líderes delictivos detenidos recientemente, subrayando que se trata de una maniobra para desacreditarla en un momento clave, cuando su perfil político sigue en ascenso. “No tengo ningún vínculo con el crimen organizado, y quienes me conocen saben que mi trayectoria está basada en el trabajo y la honestidad”, declaró con firmeza.
El tono de su denuncia contrasta con la postura que la propia Cuevas había adoptado apenas en enero pasado, cuando sorprendió al elogiar públicamente la labor de seguridad del entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch. En aquella ocasión, no solo reconoció sus esfuerzos en la lucha contra la inseguridad, sino que incluso lo calificó como un “perfil presidencial para el futuro”, una declaración que generó especulaciones sobre posibles alianzas o apoyos en el ámbito político. Sin embargo, el clima de tensión actual parece haber borrado cualquier atisbo de acercamiento, al menos en el discurso público.
Hasta el momento, las autoridades no han respondido de manera oficial a las acusaciones de Cuevas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia encargada de evaluar solicitudes de protección para figuras públicas, no ha emitido ningún comunicado sobre si se le otorgará el esquema de seguridad que la política ha solicitado. Mientras tanto, el caso ha encendido los reflectores sobre las tensiones internas en el ámbito político, donde las acusaciones cruzadas y las campañas de desprestigio parecen haberse convertido en una moneda corriente.
Lo que queda claro es que, más allá de las versiones encontradas, el episodio refleja una realidad incómoda: en un contexto donde la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones están en su punto más alto, cualquier figura pública puede verse envuelta en una espiral de señalamientos sin pruebas concretas. Para Cuevas, el desafío ahora es demostrar que sus denuncias tienen fundamento, mientras sus detractores intentan consolidar una narrativa que, de confirmarse, podría tener consecuencias graves no solo para su carrera, sino para la percepción de la clase política en su conjunto. El tiempo dirá si esta polémica quedará en un simple episodio más de la guerra sucia o si, por el contrario, marcará un antes y después en la forma en que se manejan los conflictos en el escenario público.
